El gobernante designado Miguel Díaz-Canel aseguró en televisión estadounidense que en Cuba nadie va preso por manifestarse. Menos de 12 horas después, la Seguridad del Estado citó al activista David Espinosa Martínez y a su esposa, desmontando su discurso casi en tiempo real.
No se trata de una coincidencia menor. Es la confirmación, en cuestión de horas, de la brecha entre lo que el régimen dice hacia afuera y lo que hace dentro del país.
Durante su entrevista en 'Meet the Press' (NBC News), el gobernante insistió en que quienes expresan descontento son atendidos por las instituciones y que manifestarse no conlleva consecuencias penales.
Sin embargo, mientras ese mensaje se emitía para una audiencia internacional, en La Habana la policía política activaba su mecanismo habitual: citaciones, advertencias legales y presión directa contra ciudadanos incómodos.
El caso de Espinosa —conocido en redes como @DavidSiloetano— encaja perfectamente en ese patrón. Su “falta” ha sido solidarizarse con jóvenes vinculados al grupo 'Fuera de la Caja Cuba', uno de los colectivos más vigilados por su capacidad de amplificar críticas al sistema.
No es la primera vez que el ministerio del Interior cita al joven católico y activista. En esta ocasión, además, incluyeron a su esposa, una práctica frecuente para aumentar la presión psicológica y familiar.
La lógica es clara: castigar no solo al que habla, sino también a quien lo apoya.
Lejos de ser un hecho aislado, el episodio forma parte de una dinámica represiva más amplia. Ana Sofía Benítez, otra joven asociada a ese entorno, permanece bajo reclusión domiciliaria tras ser procesada por su actividad en redes. Su familia también ha sido objeto de hostigamiento: su hermana fue interrogada, amenazada y se le retuvo el pasaporte antes de viajar a Estados Unidos.
El mismo patrón se repite en otras provincias. En Holguín, los jóvenes Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, del proyecto independiente El4tico, continúan en prisión provisional acusados de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”, figuras utilizadas de forma sistemática para criminalizar la crítica.
No se trata de delitos comunes, sino de herramientas legales diseñadas para neutralizar voces incómodas.
En ese contexto, las declaraciones de Díaz-Canel no resisten contraste con la realidad. Mientras intenta proyectar una imagen de apertura y tolerancia, dentro del país se mantiene intacto el aparato de vigilancia, intimidación y castigo contra quienes disienten.
La rapidez con la que ocurrió la citación de Espinosa no deja margen para interpretaciones: el discurso oficial fue desmentido en tiempo récord por los propios mecanismos del sistema. Lo que se presenta como “derecho a manifestarse” fuera de Cuba, se traduce dentro en citaciones, amenazas y procesos penales.
Casos como este, junto a los de Ana Sofía Benítez y los activistas de El4tico, no son excepciones. Son parte de una casuística represiva sostenida que desarma, una y otra vez, la narrativa oficial.
En Cuba, disentir sigue teniendo un precio. Y el poder, cuando se siente cuestionado, responde como siempre: con represión.
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