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El reciente “tarifazo” de ETECSA ha desatado una oleada de indignación entre los cubanos dentro y fuera de la isla. El régimen justificó la medida alegando supuestos “fraudes desde el exterior” que habrían causado pérdidas del 60% en los ingresos de la empresa estatal.
Pero la falta de investigaciones públicas, la opacidad en los procesos y la coincidencia con una serie de decisiones estratégicas previas sugieren que lo ocurrido no es más que un episodio más en el proceso de captura estatal de divisas, acompañado de una reconfiguración silenciosa del modelo económico, bajo posible asesoría rusa y con fines de privatización.
El tarifazo y la narrativa del fraude
Desde el 30 de mayo, ETECSA limita las recargas nacionales a solo 360 pesos cubanos al mes, obligando a los usuarios a adquirir paquetes en dólares para acceder a servicios básicos de conectividad.
La presidenta ejecutiva de la empresa, Tania Velázquez Rodríguez, apareció “de urgencia” en la televisión nacional el 1 de junio para justificar la medida, afirmando que “más del 60% de los ingresos provenientes del exterior” se han perdido a causa de fraudes en recargas internacionales.
Según Velázquez, estos fraudes operan a través de plataformas no oficiales que venden recargas en moneda dura y las activan en pesos cubanos dentro de la isla, quedándose con el dinero fuera del país. Este fenómeno, afirmó, ha erosionado los ingresos de ETECSA y ha agravado su ya crítica situación operativa.
Una narrativa construida con antelación
La idea del fraude no surgió tras el tarifazo. Ya en mayo de 2024, ETECSA había comenzado a denunciar públicamente la existencia de estos esquemas, alertando sobre sus efectos en los ingresos de la empresa.
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Un año después, la cifra se había inflado al 60%, en un claro intento por preparar el terreno político y mediático para las nuevas medidas. Esta progresión sugiere que el régimen actuó con cálculo y no de forma reactiva.
¿Empresa socialista o aparato de poder?
Mientras el gobierno insiste en que ETECSA es “una empresa estatal socialista, del pueblo y para el pueblo”, la realidad contradice esa afirmación.
Las decisiones sobre tarifas, acceso y estructura de la empresa se toman a espaldas de los ciudadanos, sin consultas públicas ni rendición de cuentas.
En 2019, el primer vicepresidente de la estatal, Reinaldo Rodríguez, declaraba que “ETECSA es del pueblo”, pero hoy esa misma empresa margina a quienes no tienen acceso a dólares o remesas y concentra su estrategia comercial en captar divisas del exterior.
¿Y si no fue un fraude, sino un esquema de corrupción?
El argumento del “fraude masivo” resulta difícil de sostener. Ninguna empresa en el mundo se dejaría robar el 60% de sus ingresos sin abrir investigaciones, presentar denuncias o sancionar responsables.
La falta de acciones legales por parte de ETECSA o del régimen revela otra posibilidad: que estos supuestos fraudes no fueran más que un esquema de comercialización paralelo, tolerado o incluso facilitado por la propia empresa, para captar divisas sin declarar.
Varias plataformas privadas y opacas ofrecían paquetes de datos en dólares y euros a través de canales no oficiales. ETECSA materializaba las recargas en pesos cubanos, manteniendo en su sistema una contabilidad que nunca se auditó de forma transparente.
La narrativa del fraude puede estar encubriendo un mecanismo corrupto de extracción de divisas que beneficiaría a terceros cercanos al poder.
Monopolio garantizado hasta 2036: ¿Camino a la privatización?
Días antes del tarifazo, el gobierno cubano extendió el monopolio de ETECSA hasta el año 2036, con posibilidad de prórroga por otras tres décadas.
Esta decisión, lejos de fortalecer el carácter “socialista” de la empresa, consolida un marco legal que facilitaría su futura privatización bajo condiciones de monopolio o escasa competencia.
No se trata solo de mantener el control, sino de blindar legalmente un activo estratégico para una futura transferencia opaca de su propiedad o gestión. Este patrón recuerda peligrosamente al proceso de privatización vivido en Rusia durante la década de 1990, bajo la presidencia de Boris Yeltsin.
En aquel entonces, la entrega de empresas estatales a oligarcas afines al poder, a través de esquemas corruptos como el de “préstamos por acciones”, consolidó una élite económico-política que sigue siendo pilar del régimen de Vladimir Putin.
Las privatizaciones rusas se hicieron a precios irrisorios, sin transparencia ni participación ciudadana, y convirtieron sectores clave —energía, telecomunicaciones, transporte— en feudos privados.
Si Cuba sigue esa misma ruta, ETECSA podría ser el laboratorio para instaurar una forma de capitalismo de Estado controlado por la élite del Partido Comunista, bajo cobertura de “reformas”.
La extensión del monopolio no sería entonces un fin en sí mismo, sino una condición previa para garantizar que la eventual privatización se realice sin competencia, sin fiscalización y con beneficios concentrados en el círculo de poder.
La asesoría rusa en este proceso, como evidencian los convenios con Boris Titov y el Centro Conjunto de Transformación Económica, da más peso a esta hipótesis.
Moscú como asesor del nuevo modelo económico cubano
Desde hace al menos dos años, expertos rusos asesoran al régimen cubano en su transformación económica.
El comisionado del Kremlin, Boris Titov, ha defendido la necesidad de abandonar el modelo socialista y avanzar hacia reformas de mercado. Bajo su dirección, se creó en La Habana un Centro Conjunto de Transformación Económica, orientado a reconvertir empresas estatales en sociedades mercantiles.
Paralelamente, Cuba ha ofrecido tierras en usufructo a Rusia por 30 años, consolidando una relación asimétrica que incluye asistencia técnica y económica.
Este marco geopolítico refuerza la hipótesis de que el tarifazo de ETECSA no es una medida aislada, sino parte de un experimento más amplio: dolarizar servicios públicos, restringir derechos básicos como la conectividad, y sentar las bases para transferir activos estatales a élites leales al régimen bajo una fachada empresarial.
El chantaje emocional a la emigración
ETECSA sabe que buena parte de sus ingresos provienen de recargas internacionales pagadas por la diáspora cubana.
Al limitar el acceso a internet en pesos cubanos, el régimen obliga a quienes viven fuera a sostener financieramente a sus familiares dentro de la isla, bajo amenaza de desconexión. Es un chantaje emocional disfrazado de modelo económico.
En un contexto de creciente tensión social, apagones, inflación y protestas latentes, controlar la conectividad digital se convierte también en una herramienta de disuasión política.
El verano de 2025 será una prueba para medir la capacidad de la ciudadanía de resistir y organizarse frente a un Estado que usa sus empresas “del pueblo” contra el propio pueblo.
Conclusión: Una estrategia encubierta de captura y control
El tarifazo de ETECSA no es consecuencia de un fraude; es resultado de una estrategia deliberada para captar divisas, restringir derechos y rediseñar el modelo económico cubano sin transparencia.
En nombre del pueblo, el régimen actúa de espaldas al pueblo. Y mientras vende la narrativa del asedio económico, reconfigura el país para consolidar un capitalismo de Estado tutelado por las élites del poder y Moscú.
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