El régimen cubano reconoció que el país enfrenta una nueva crisis de combustible, apenas dos años después de prometer una “recuperación energética” tras el colapso de 2023.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió este viernes en la televisión estatal que “el combustible no da para todo el mes de octubre” y que Cuba solo dispone de reservas “para unos pocos días”.
La declaración llega en medio de apagones masivos, colapsos parciales y totales del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), paralización parcial del transporte y un deterioro visible en la economía nacional.
Según explicó el ministro, el SEN continúa “muy débil” tras la salida simultánea de tres plantas térmicas que provocaron la pérdida de 270 megavatios. A ello se suman averías en Renté, Felton y Nuevitas, y la escasez de diésel para los motores de generación distribuida, que mantienen más de 600 MW fuera de servicio.
“Encontramos una pequeña cantidad de combustible, pero no alcanza para todo el mes. Se está distribuyendo entre La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba”, dijo De la O Levy, mientras reiteraba que el gobierno trabaja “de conjunto” con la Unión Eléctrica (UNE) y Cuba-Petróleo (CUPET) para paliar el déficit.
Lo más leído hoy:
La historia se repite: La crisis de 2023
Las palabras del ministro reeditan el discurso de 2023, cuando el gobierno admitió una “situación de emergencia” por la falta de combustible.
En septiembre de aquel año, De la O Levy reconoció que el país estaba “cero combustible” y que las reservas se habían agotado casi por completo, afectando tanto la generación eléctrica como el transporte.
¡Qué casualidad!: siempre sobreviene una de esas oportunas crisis tras los siempre fallidos esfuerzos por "reducir apagones" en el verano.
Durante los primeros meses de 2023, Cuba vivió una de las peores crisis energéticas de las últimas décadas: colas kilométricas en gasolineras, transporte público paralizado y apagones de hasta 20 horas.
El propio ministro y otros altos funcionarios del régimen advirtieron entonces que el país enfrentaba un “escenario crítico” por la falta de financiamiento para importar hidrocarburos.
En abril y mayo de 2023, las autoridades reconocieron que el suministro dependía de “arribos irregulares” de combustible y que no existían reservas estratégicas. "No tenemos claro cómo saldremos de esto", admitía a mediados de abril de ese año el gobernante Miguel Díaz-Canel.
En septiembre, el régimen ordenó “medidas de ahorro energético” en organismos estatales y admitió que el combustible destinado a la generación eléctrica “no alcanzaba para sostener la demanda nacional”.
El “ordenamiento económico”: Una salida que profundizó la crisis
La crisis de 2023 sirvió al régimen para justificar la implementación de nuevas medidas dentro del “ordenamiento económico”, presentadas como soluciones estructurales pero que, en realidad, profundizaron la desigualdad y agravaron el problema de fondo.
En diciembre de 2023, Díaz-Canel anunció una reforma de precios del combustible, multiplicando por cinco el costo de la gasolina y el diésel, y trasladando su venta a moneda libremente convertible (MLC). "Cuando subamos el combustible, subirán los precios", avisó cómodamente el gobernante desde Palacio.
"El combustible no puede venderse subsidiado", sentenció el entonces ministro de Economía y Planificación, el defenestrado y desaparecido Alejadro Gil Fernández.
Según el gobierno, el objetivo era “garantizar la sostenibilidad del suministro”, pero la medida tuvo un efecto inmediato: restringió el acceso a la energía solo a quienes tienen divisas, dejando fuera a la mayoría de los cubanos, cuyos ingresos son en pesos sin poder adquisitivo.
En lugar de estabilizar el mercado, el cambio generó una dualidad energética: estaciones en MLC con precios impagables y gasolineras en pesos casi siempre vacías. Los transportistas estatales y privados no pudieron adquirir combustible, lo que paralizó rutas, redujo la movilidad y encareció la distribución de alimentos y bienes básicos.
La supuesta “modernización del sistema energético” fue, en realidad, una estrategia para recaudar divisas en un país sin liquidez, sacrificando el acceso ciudadano a un servicio esencial.
Desde entonces, lejos de mejorar, las crisis de combustible y electricidad se han vuelto más frecuentes y severas, con apagones diarios de 20 horas, paralización industrial y protestas crecientes.
Propaganda y desinformación: El relato del “bloqueo”
Cada vez que la crisis se recrudece, el discurso oficial recurre a la propaganda política. Desde 2023, tanto el ministro De la O Levy como Díaz-Canel han insistido en culpar al “bloqueo estadounidense” y a las “limitaciones financieras externas”.
"Si se levanta el bloqueo, aquí hay una tonga de soluciones", aseguró en diciembre de 2023 el gobernante designado por Raúl Castro para "liderar" la llamada "continuidad" del régimen.
Sin embargo, los propios informes del gobierno revelan que la escasez responde también a una mala gestión interna, a la falta de inversiones en refinación y transporte, y a la incapacidad del Estado para diversificar las fuentes de importación.
Mientras los funcionarios prometen transparencia, la población vive en la oscuridad literal y figurada. Los anuncios de “planificaciones de apagones rotativos” rara vez se cumplen, y la información oficial se presenta con retraso o sin datos verificables.
En septiembre de 2023, el ministro prometió que el país “no volvería a experimentar apagones prolongados”, una afirmación desmentida por la realidad apenas semanas después. En 2024 repitió el discurso de “recuperación gradual”, y ahora reconoce abiertamente que el país vuelve a quedarse sin combustible.
Como la culpa es del “bloqueo”, nadie asume responsabilidades por tan estrepitoso fracaso económico, que provoca tanto sufrimiento en la población.
Octubre de 2025: Entre el agotamiento y la desconfianza
Las recientes declaraciones del ministro confirman lo que la población ya percibe desde hace meses: Cuba está atrapada en un ciclo de crisis sin salida visible.
El régimen anuncia cada año un “plan de recuperación energética”, pero las causas de fondo —falta de inversión, endeudamiento, obsolescencia tecnológica y dependencia de importaciones— siguen intactas.
La escasez de combustible, ahora nuevamente reconocida, no solo afecta la generación eléctrica y el transporte, sino que impacta directamente en la economía doméstica: menor transporte de alimentos, cierres de fábricas, escasez de gas licuado y un aumento del malestar social.
En barrios de La Habana, Holguín y Santiago se han registrado protestas y cacerolazos durante los apagones más prolongados, reflejo del hartazgo popular ante un Estado que promete soluciones pero solo ofrece excusas.
Las medidas del ordenamiento económico no solucionaron el problema del combustible: lo transformaron en un mecanismo de exclusión y control.
Dos años después, el país sigue dependiendo de pequeñas partidas de hidrocarburos importados y “resistiendo con creatividad” a las vacuas promesas oficiales que se repiten cíclicamente, mientras el sistema eléctrico se desmorona y la economía se contrae.
El gobierno ha convertido cada crisis en una herramienta de propaganda, pero la realidad ya no se sostiene con discursos. Ni los precios en divisas, ni los nuevos esquemas de rotación, ni las apelaciones al “bloqueo” han impedido que Cuba entre, una vez más, en otro crítico ciclo de apagones, escasez y desconfianza generalizada.
Archivado en: