Díaz-Canel a emprendedores cubanos: "No se puede permitir el derroche, aunque puedan pagar la electricidad"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel advirtió este sábado que los negocios privados que no cumplan sus planes de consumo eléctrico podrían ser cerrados, incluso si sus propietarios pueden pagar las facturas, en medio de una de las crisis energéticas más severas de los últimos años en la isla.

“Hay que visitar los centros del sector no estatal y controlar si están cumpliendo su plan de consumo eléctrico. No se puede permitir el derroche, aunque puedan pagar la electricidad. El lugar que incumpla su plan se cierra”, publicó la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba en la red social X (antes Twitter), citando palabras del también primer secretario del Partido Comunista durante una reunión sobre los problemas críticos de La Habana.

El mensaje formó parte de un hilo en el que la Presidencia detalló que Díaz-Canel dirige desde el jueves un “operativo de apoyo” a la capital, enfocado en la recolección de basura, el abasto de agua y el suministro eléctrico, tres frentes en los que el gobierno reconoce un “deterioro acumulado” y un “malestar popular” creciente, que ha desembocado en protestas callejeras.

Las declaraciones del gobernante se producen en un contexto de apagones diarios, alzas de tarifas, escasez de combustible y restricciones impuestas al sector privado, que el propio Estado acusa de “derroche energético” pese a que muchas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) deben operar con generadores y combustible comprado en divisas.

Presión oficial sobre las mipymes

En noviembre de 2024, el gobierno cubano aprobó el Decreto 110/2024, que obliga a las mipymes y otros actores económicos no estatales a generar, por sus propios medios, al menos la mitad de la electricidad que consumen a partir de 2028, además de cumplir planes de ahorro y mantener la climatización por encima de 24 grados.

Las sanciones por incumplir esas normas incluyen multas de hasta 20,000 pesos y la suspensión del servicio eléctrico por 72 horas.

A las disposiciones de ahorro se suman los efectos de los apagones que afectan a todo el país y que en muchos casos han provocado la pérdida de mercancías y alimentos por falta de refrigeración.

Comerciantes y emprendedores han denunciado en redes sociales que las interrupciones eléctricas prolongadas hacen imposible mantener la cadena del frío o producir con regularidad, mientras deben asumir el costo del combustible y del mantenimiento de plantas generadoras.

Pese a ello, las autoridades mantienen su discurso de control y disciplina. Díaz-Canel insistió este viernes en que los inspectores deben “visitar los centros del sector no estatal” y verificar que cumplan con los planes energéticos impuestos. “El lugar que incumpla su plan se cierra”, reiteró el mandatario.

Electricidad racionada, combustible dolarizado

Aunque el gobierno ha prorrogado hasta 2026 la exención arancelaria para importar plantas eléctricas y paneles solares, esa medida solo alivia parcialmente la crisis, ya que el combustible para hacer funcionar los generadores solo se vende en moneda libremente convertible (MLC) y con restricciones.

En algunos territorios, las gasolineras exigen que los propietarios transporten físicamente sus generadores hasta el punto de venta para poder abastecerse, un requisito que complica aún más el uso de esos equipos.

Paralelamente, las tarifas eléctricas aumentaron un 25 % en 2024 para los consumidores que sobrepasen los 500 kilovatios hora mensuales, mientras el Estado sigue cobrando precios elevados por la energía a un sector privado que, sin embargo, debe asumir apagones diarios y sufrir decomisos o sanciones por “consumo excesivo”.

El recelo del poder ante la iniciativa privada

Aunque el régimen cubano insiste en presentar a las mipymes como “un pilar del ordenamiento económico”, su política hacia ellas sigue marcada por la desconfianza ideológica y el control político.

Desde su legalización en 2021, el sector privado ha crecido de manera sostenida, creando empleo, abasteciendo mercados y supliendo las carencias del Estado, pero ese mismo crecimiento ha despertado en el gobierno una mezcla de temor y hostilidad hacia los nuevos actores económicos.

La contradicción es evidente: el Estado tolera la actividad privada porque la necesita, pero al mismo tiempo la vigila, la regula y la castiga con un celo que bordea lo inquisitorial. Eso, cuando no las controla directamente a través de testaferros al servicio de las élites gobernantes, esa oligarquía de un Estado capturado por su afán extractivo.

Las inspecciones constantes, las multas desproporcionadas, los decomisos arbitrarios y las exigencias cambiantes en materia de precios, licencias o consumo energético conforman un entramado que desalienta la inversión y fomenta la corrupción.

En la práctica, los emprendedores cubanos viven en un estado de inseguridad jurídica permanente, dependientes de permisos, controles y “autorizaciones” que pueden ser revocados por cualquier funcionario o inspector.

A ello se suma la presión fiscal y burocrática: el gobierno responsabiliza a las mipymes del aumento del costo de vida, las acusa de “acaparamiento” y “especulación”, y justifica así nuevos controles y sanciones, mientras evita reconocer su propio papel en la inflación, la escasez y el deterioro productivo del país.

La paradoja económica: El mercado avanza pese al Estado

Como recuerda Luis Flores, CEO de CiberCuba en su artículo “La transición a la economía de mercado en Cuba: inevitable y urgente”, las más de 11,000 mipymes registradas en la isla generan más del 31 % del empleo, aportan el 23 % de los ingresos fiscales y dominan el 55 % del comercio minorista.

Esos datos confirman que el motor real de la economía cubana ya no es la empresa estatal socialista, sino la iniciativa privada que el propio régimen asfixia con trabas e impuestos.

“La empresa socialista reparte miseria, mientras las mipymes generan empleo y dinamismo”, apunta el autor, quien califica de “inevitable y urgente” la transición hacia una economía de mercado.

Su argumento coincide con la percepción general de que el sistema de planificación centralizada no solo frena el desarrollo, sino que reproduce la escasez y la desigualdad que dice combatir.

El análisis también subraya una contradicción estructural: el gobierno teme al mercado no por razones económicas, sino políticas. Permitir que el sector privado crezca y prospere implicaría aceptar la existencia de un espacio autónomo —social y financiero— que escapa al control partidista.

De ahí la retórica de la “igualdad socialista” que se usa para justificar restricciones, mientras en la práctica la desigualdad es mayor que nunca: entre quienes acceden a divisas y quienes dependen del salario estatal, entre los que producen y los que sobreviven con una libreta de racionamiento cada vez más vacía.

Entre la asfixia y la incertidumbre

“Suben las tarifas, lucran con la importación de equipos, te exigen ahorro, te racionan el combustible, te multan y te funden a apagones… y aun así, si logras pagar la factura, te cierran el negocio”, resumió un usuario en redes sociales tras conocer las declaraciones de Díaz-Canel.

El comentario refleja el sentimiento generalizado entre los emprendedores cubanos, que se debaten entre el miedo a las sanciones y la imposibilidad de sostener su actividad económica en un entorno donde cada decisión estatal parece sumar nuevas trabas.

Mientras el gobierno insiste en controlar el consumo eléctrico del sector privado, el sistema nacional sigue sufriendo déficits superiores a los 1,800 megavatios, decenas de unidades generadoras fuera de servicio y apagones que llegan a superar las 20 horas diarias en varias provincias.

En Cuba, ni siquiera “poder pagar la luz” garantiza poder encenderla.

Y aunque la transición al mercado parezca una herejía ideológica para el Partido Comunista, cada negocio que sobrevive —a pesar de los apagones, los impuestos y las amenazas— demuestra que esa transición ya ha comenzado, desde abajo y a contracorriente.