En mayo de 2025, el régimen cubano prometió que los apagones durante el verano no superarían las cuatro horas diarias por cliente.
La afirmación, realizada por el viceministro primero del ministerio de Energía y Minas (MINEM), Argelio Jesús Abad Vigoa, fue publicada el 21 de mayo en Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. La intención era clara: reducir el malestar social en vísperas del periodo más caluroso del año.
Según esa promesa, el plan consistía en aumentar la generación en 13 GWh diarios, recuperar unidades térmicas clave —como Felton 2, Mariel 7, Nuevitas 4 y Renté 4— y controlar el crecimiento del consumo.
A pesar de que los propios datos oficiales ya mostraban que la generación disponible sería insuficiente (1,120 MW frente a una demanda que superaba los 3,000 MW incluso en la madrugada), se mantuvo la narrativa del “verano con solo cuatro horas de apagón”.
Sin embargo, la población ya sufría apagones diarios que en muchos casos superaban las 12 horas, afectaban la cocción de alimentos, deterioraban los electrodomésticos y obligaban a muchas familias a dormir en la calle para escapar del calor.
Eso, sin contar los colapsos totales del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y el desequilibrio entre provincias, que afectaban a la mayoría de los cubanos, salvo habaneros, con apagones de diarios de mucho mayor duración.
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La falta de gas licuado empujó a miles de hogares a usar cocinas eléctricas, agravando aún más los picos de demanda cuando regresaba la electricidad, según la versión oficialista. La realidad es que miles de familias cubanas se vieron empujadas al uso de carbón para la cocción de los alimentos ante la falta de luz eléctrica y gas licuado.
Mayo (segunda mitad): El régimen se contradice antes de cumplir un mes
El 27 de mayo, apenas seis días después de la promesa, el gobierno empezó a matizar su discurso.
El diario oficialista Trabajadores publicó una nota reconociendo que los apagones continuarían durante los meses de julio y agosto, debido a un déficit estructural que no podría corregirse a tiempo.
Lázaro Guerra Hernández, director de Electricidad del MINEM, explicó que la disponibilidad estimada sería de apenas 1,935 MW frente a una demanda potencial de 3,500 MW. El déficit superaría los 1,500 MW, haciendo inevitable que los apagones fueran más extensos de lo inicialmente anunciado.
Esa admisión anticipada dejó entrever que la promesa de las “cuatro horas diarias” era insostenible desde el inicio. Aun así, durante semanas el discurso oficial siguió hablando de “mejorías”, “estrategias graduales” y “trabajo intenso”.
Julio: El gobierno reconoce el fracaso
El 19 de julio, en sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, confirmó públicamente lo que ya era evidente para millones de cubanos: no se había cumplido la meta de disminuir los apagones en verano.
“Regresaremos a los niveles de afectación previos a la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras”, declaró. La planta, recién sincronizada al SEN, había generado expectativas que pronto se desvanecieron.
El ministro justificó el incumplimiento con la escasez de combustible, los elevados costos internacionales y problemas técnicos acumulados. Sin embargo, no ofreció fechas concretas para una posible recuperación ni asumió responsabilidad alguna por las promesas rotas.
En junio se habían reportado apagones de hasta 20 horas diarias en algunos territorios. “Sé que ayer aquí hubo muchas familias que estuvieron sometidas a más de 20 horas de apagón... pero no nos rendimos”, decía a finales de ese mes el gobernante Miguel Díaz-Canel durante una visita a los municipios de Granma y Camagüey.
A mediados de julio, el promedio bajó a 11, siempre según cifras oficiales. Pero en la práctica, los cortes múltiples por día, los apagones nocturnos y la falta de planificación visible seguían afectando la calidad de vida de millones.
Agosto: Ninguna solución estructural a la vista
Para comienzos de agosto, el panorama seguía sin cambios sustanciales. Algunas plantas como Guiteras, Felton 1 o Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos) estaban operativas, pero otras seguían fuera de servicio o necesitaban mantenimientos urgentes.
La generación térmica seguía por debajo de los niveles requeridos, la generación distribuida aún no alcanzaba sus objetivos, y los parques solares —aunque en crecimiento— no ofrecían estabilidad suficiente para sostener el sistema.
Mientras tanto, el régimen insistía en estrategias comunicativas que pedían “comprensión popular” y promovían el ahorro, sin mencionar mecanismos de rendición de cuentas ni soluciones de fondo.
La “estrategia gradual de recuperación” que el régimen venía anunciando desde agosto de 2022 se desvanecía sin ofrecer alivio real a una crisis que los expertos consideran insalvable sin un importante desembolso de inversión pública.
¿Dónde está el dinero para arreglar la crisis? GAESA y los 18 mil millones en la sombra
En medio de esta crisis prolongada, crece la indignación pública por el uso de los recursos del país.
Diversas investigaciones periodísticas y documentos filtrados han revelado que el conglomerado militar GAESA —Grupo de Administración Empresarial S.A.— controla más de 18,000 millones de dólares, recursos que no están siendo invertidos en infraestructura energética ni en el alivio de la población.
Con ese dinero se podrían construir 12 plantas modernas de ciclo combinado de 500 MW cada una, lo cual cubriría ampliamente la demanda eléctrica del país. O bien, podría financiarse la compra de combustible suficiente para garantizar más de 15 años de generación al ritmo actual.
Con solo una fracción de esos fondos —unos 250 millones anuales— sería posible estabilizar la red eléctrica y reducir drásticamente los apagones, según afirmó el propio comandante y vice primer ministro Ramiro Valdés Menéndez en octubre de 2021.
Pero el dinero está inmovilizado o se destina a otros fines. En febrero de 2025, mientras los cubanos soportaban prolongados apagones diarios, el régimen inauguró la Torre K23 en La Habana, un hotel de lujo financiado por GAESA que consume casi 2 MW de forma continua. Su costo, estimado entre 226 y 565 millones de dólares, pudo haber financiado la reparación de varias plantas termoeléctricas.
Economistas como Pavel Vidal han denunciado que GAESA funciona como un banco central paralelo, que recibe presupuesto estatal pero no paga impuestos, no rinde cuentas y actúa al margen del control civil. En vez de invertir en energía, salud o alimentación, sus fondos se destinan a megaproyectos turísticos sin impacto real en la vida del ciudadano común.
Un apagón político, no solo eléctrico
La línea temporal lo deja claro: el régimen hizo una promesa el 21 de mayo, empezó a retractarse el 27, y reconoció el fracaso el 19 de julio. No se trata solo de una crisis técnica, sino de un colapso estructural agravado por decisiones políticas que priorizan los intereses del aparato militar y turístico por encima del bienestar social.
Mientras exista capital oculto sin control ni redistribución, los apagones no serán solo un problema energético. Serán también el síntoma de una política que apaga la esperanza del pueblo cubano todos los días.
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