En septiembre de 2021, Mariela Castro Espín pronunció una frase que, vista desde la Cuba de 2026, adquiere un significado muy distinto.
«¡No, no, qué va, no nos pueden quitar la libreta!», afirmó entonces la hija de Raúl Castro durante la presentación virtual de un libro en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Mariela contaba que, durante las discusiones de los Lineamientos de 2011, muchos cubanos que inicialmente criticaban la Libreta de Abastecimiento terminaron defendiéndola después de calcular cuánto cobraban los trabajadores y cuánto costaba alimentarse fuera del sistema subsidiado.
Cinco años después de aquellas declaraciones, la pregunta vuelve con mucha más fuerza: ¿qué ocurrirá ahora con la libreta?
No porque el gobierno haya anunciado oficialmente su eliminación inmediata, sino porque ha aprobado una transformación económica que apunta directamente al corazón del sistema creado hace más de seis décadas: el subsidio universal de determinados alimentos.
De «no nos pueden quitar la libreta» a vender sin subsidio
En junio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz explicó ante la Asamblea Nacional que uno de los objetivos del nuevo paquete económico es «transitar de la canasta familiar normada a las ventas controladas sin subsidio en la red de comercio».
Marrero Cruz aseguró, al mismo tiempo, que el gobierno no renuncia a la canasta familiar normada. Pero su explicación dejó claro que la intención es reducir progresivamente el esquema mediante el cual determinados productos se venden a toda la población a precios subsidiados y sustituirlo por ayudas focalizadas y ventas controladas a precios superiores.
«No abandonamos, no renunciamos a la canasta familiar normada, pero las condiciones actuales nos han impuesto límites con las afectaciones conocidas en la garantía de las entregas mensuales de los productos», reconoció el primer ministro del gobernante Miguel Díaz-Canel.
En otras palabras, la libreta puede sobrevivir como instrumento de control y registro aunque pierda buena parte de la función económica que durante décadas justificó su existencia.
De hecho, el propio ministerio del Comercio Interior (MINCIN) continúa utilizándola. En julio todavía informaba de entregas en La Habana de siete libras de arroz por consumidor, azúcar y aceite, mientras otros territorios repartían arroz procedente de donaciones extranjeras.
El MINCIN ha señalado incluso que la libreta se utiliza para controlar la entrega de alimentos donados por el Programa Mundial de Alimentos a embarazadas y personas vulnerables.
Por tanto, hoy no sería exacto afirmar que la libreta ha desaparecido. Pero tampoco sería correcto afirmar que todo sigue igual.
La cuenta que hizo Mariela en 2021 es mucho peor hoy
La paradoja está precisamente en las palabras de Mariela Castro.
Su argumento en 2021 era que bastaba comparar los ingresos de los cubanos con el precio de los alimentos para comprender que el Estado no podía retirar la libreta. Cinco años después, esa cuenta es considerablemente más dramática.
Según los últimos datos oficiales disponibles de la Oficina Nacional de Estadística e Información, el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 2,82 % solamente en junio. La inflación acumulada durante el primer semestre llegó al 12,24 % y la interanual alcanzó el 18,27 %.
El golpe se concentra precisamente donde más duele.
Los alimentos y bebidas no alcohólicas representaron el 66,24 % del efecto de la inflación mensual, mientras el aceite comestible registró una subida del 14,79 % en un solo mes. La carne de cerdo, el arroz y las aves estuvieron también entre los productos que más empujaron los precios.
La propia ONEI encontró en junio precios del aceite envasado de hasta 2.222,22 CUP en La Habana y superiores a 2.000 pesos en otros territorios. Es una fotografía oficial que, además, no necesariamente captura todos los precios del mercado informal ni las diferencias que existen entre barrios y provincias.
A ello se suma una decisión especialmente delicada: el gobierno eliminó en junio los precios máximos nacionales que había impuesto al pollo, el aceite, la leche en polvo, las pastas y las salchichas.
Hasta entonces, el límite oficial era de 990 CUP por litro de aceite y 680 CUP por kilogramo de pollo. Esos topes quedaron sin efecto después de que las propias autoridades reconocieran que las restricciones habían provocado distorsiones y desaparición de productos del mercado.
El resultado coloca a millones de cubanos ante el mismo cálculo que Mariela dijo haber hecho en 2011, solo que ahora con una moneda mucho más depreciada y precios considerablemente mayores.
Un discurso de austeridad que no siempre coincide con la realidad
Mariela Castro no es la única figura perteneciente a las familias históricamente vinculadas al poder en Cuba que ha recurrido al salario y al precio de los alimentos para presentarse como una cubana más ante la crisis.
En julio de 2024, Aleida Guevara March, hija de Ernesto "Che" Guevara, aseguró que cobraba “cuatro mil y pico de pesos” como trabajadora estatal y admitió que ese ingreso no le alcanzaba para vivir. Puso como ejemplos un queso de 7.000 CUP y un cartón de huevos de 3.000, y reconoció que ni siquiera la canasta básica subsidiada permitía llegar a final de mes.
«O como huevos o hago otra cosa, pero todo no puedo», afirmó entonces.
Sin embargo, su propuesta para enfrentar las enormes diferencias de poder adquisitivo no fue ampliar las posibilidades de acceso a los alimentos. Al criticar a las mipymes y sus importaciones, llegó a reivindicar la escasez compartida del Período Especial: «Que dejen de importar, si a fin de cuentas en el periodo especial todos teníamos necesidad, teníamos carencias, pero era parejo».
La contradicción quedó todavía más expuesta en agosto de 2025, cuando Guevara March fue captada comprando en un mercado en dólares en La Habana, establecimientos inaccesibles de manera regular para millones de cubanos cuyos salarios y pensiones son pagados en pesos.
El episodio recuerda la polémica provocada por Mariela Castro cuando se incluyó entre quienes supuestamente dependían de la libreta y afirmó que «no nos pueden quitar» ese subsidio.
Tanto en un caso como en el otro, el discurso pretende colocar a representantes de la élite histórica del castrismo dentro de las mismas estrecheces económicas que padecen los trabajadores, mientras su posición familiar y social dista considerablemente de la del cubano que depende de la bodega, de un salario estatal o de una pensión para alimentarse.
Una familia bajo presión… y un nieto negociando con Washington
El debate sobre el futuro de la libreta coincide, además, con un escenario político impensable cuando Mariela hizo aquellas declaraciones en 2021.
Estados Unidos ha endurecido durante 2026 su presión sobre el núcleo económico y militar del régimen.
En junio, el Departamento del Tesoro incorporó a la lista de Nacionales Especialmente Designados de OFAC a Alejandro Castro Espín, hermano de Mariela e hijo de Raúl Castro, y a su hijo Raúl Alejandro Castro Calis. Las medidas implican bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y fuertes restricciones financieras.
Mariela, por su parte, ya estaba afectada desde 2019 por una designación del Departamento de Estado que impide la entrada a Estados Unidos de Raúl Castro y sus hijos Alejandro, Deborah, Mariela y Nilsa, en relación con graves violaciones de derechos humanos atribuidas al exgobernante cubano.
Hay, sin embargo, otro miembro de la familia al que Washington no ha sancionado: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro. Su exclusión resulta especialmente significativa porque Rodríguez Castro se ha convertido en uno de los principales canales de comunicación entre La Habana y Washington.
En febrero, medios estadounidenses revelaron contactos con funcionarios cercanos al secretario de Estado Marco Rubio. Posteriormente se conocieron encuentros en el Caribe y, en abril, el propio Departamento de Estado confirmó que un alto funcionario estadounidense había mantenido una reunión privada con El Cangrejo en La Habana.
El régimen cubano terminó reconociendo públicamente la existencia de conversaciones con Estados Unidos, aunque ha evitado revelar buena parte de su contenido.
Meses después, hasta funcionarios del Partido Comunista salieron públicamente en defensa de El Cangrejo ante las críticas internas por su papel como interlocutor.
¿Quién podrá seguir comprando subsidiado?
En medio de toda esa reconfiguración política y económica aparece una pregunta mucho más sencilla para millones de familias: ¿qué van a poder poner en la mesa?
El gobierno de Díaz-Canel sostiene que no pretende abandonar a los sectores más necesitados. Su propuesta es pasar de subsidiar productos de manera general a subsidiar directamente a determinadas personas, especialmente jubilados, enfermos crónicos, niños y hogares clasificados oficialmente como vulnerables.
El problema comienza con quienes no entren en esas categorías.
Si productos que hasta ahora tenían un precio simbólico mediante la libreta comienzan a venderse de forma controlada pero sin subsidio, numerosas familias dependerán de salarios y pensiones que ya resultan insuficientes frente al mercado.
Y ahí vuelven inevitablemente las palabras de Mariela Castro.
En 2021 aseguraba que los cubanos habían hecho cuentas y concluido que la libreta no podía desaparecer porque el que menos ganaba no tenía dinero suficiente para comprar esos alimentos fuera del sistema normado.
Hoy los precios son mucho más altos, la inflación continúa erosionando los ingresos y el propio gobierno admite que ya no puede sostener de la misma forma los subsidios.
Por eso, quizás la pregunta ya no sea simplemente si «van a quitar la libreta».
La pregunta es qué quedará dentro de ella, cuánto habrá que pagar por lo que antes estaba subsidiado y cuántos cubanos serán considerados suficientemente pobres por el propio Estado para conservar alguna protección.
Y también queda otra pregunta pendiente para Mariela Castro: ¿Sigue pensando, en la Cuba de 2026, que «no nos pueden quitar la libreta»?
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