La vivienda es un mal sistémico en la sociedad cubana. En 2013, el gobierno reconocía por primera vez un déficit nada menos que de 600 000 unidades a lo largo de país. El inciso C del artículo 9 de la Constitución aprobada en 1976 dice: “El Estado trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable”. El Estado, único encargado de administrar, controlar y distribuir los recursos y materiales de construcción, jamás ha logrado cumplir su propósito. En Cuba hay decenas de miles de albergados que pierden sus casas en cada temporada ciclónica, hay dos y tres generaciones de familia conviviendo bajo el mismo techo, hay una proliferación imparable de barrios insalubres en la periferia de algunas de las ciudades más importantes, y en zonas céntricas de La Habana los derrumbes parciales y totales de edificios e inmuebles, debido al pésimo estado de conservación, están a la orden del día. Por otra parte, no fue hasta 2011 que los cubanos pudieron, por primera vez de manera legal, comprar, vender o permutar viviendas entre personas naturales con domicilio en la isla. Los precios de las propiedades, además, siguen siendo prohibitivos.