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Hay aniversarios que obligan a mirar hacia atrás. El del 11 de julio obliga, sobre todo, a mirar alrededor.
Cinco años después de que miles de cubanos ocuparan las calles para reclamar libertad, comida, medicinas y un cambio político, las cazuelas vuelven a sonar en La Habana.
El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 107 protestas callejeras durante junio, 82 de ellas en la capital. En Centro Habana se escuchó una consigna que resume la profundidad del malestar: “Queremos libertad, no corriente”. La electricidad podía volver; la protesta no se agotaba con ella.
No significa necesariamente que Cuba esté viviendo ya otro 11J. Significa algo acaso más inquietante para el poder: las causas de aquella explosión permanecen intactas y la memoria de lo ocurrido también.
Hay apagones más prolongados, alimentos más caros y escasos, hospitales más deteriorados y una sociedad que ya sabe que el miedo puede romperse. Pero también sabe cuál fue el precio de romperlo.
Según el último registro publicado por Justicia 11J, en abril de 2026 había 775 personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba. De ellas, 338 habían sido sancionadas por participar en las protestas de julio de 2021.
El 11J, por tanto, no es una efeméride. Sigue encerrado en las prisiones cubanas.
Una orden que tuvo muertos y heridos
El 11 de julio de 2021, el gobernante designado Miguel Díaz-Canel apareció ante las cámaras de la televisión estatal y pronunció la frase que definiría la respuesta del Gobierno: “La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”.
No fue una expresión desafortunada pronunciada en el calor del momento. Fue el jefe del Estado convocando públicamente a sus partidarios y a las estructuras del poder para enfrentarse a otros cubanos.
Después de aquella intervención salieron a las calles policías, tropas especiales, militares, agentes de civil y brigadas progubernamentales. Hubo golpes, disparos, arrestos violentos y allanamientos. La secuencia de los hechos convirtió la frase en una autorización política para la represión.
En La Güinera, uno de los barrios más pobres de La Habana, esa orden tuvo un nombre: Diubis Laurencio Tejeda.
Tenía 36 años y participaba en las protestas del 12 de julio cuando recibió por la espalda un disparo efectuado por el subteniente de la Policía Nacional Revolucionaria Yoennis Pelegrín Hernández.
El proyectil le atravesó un pulmón y llegó al corazón. Fue el único muerto que las autoridades cubanas reconocieron oficialmente como consecuencia de aquellas jornadas.
La Fiscalía concluyó que el agente había actuado en “legítima defensa” y no presentó cargos. Sin embargo, el propio testimonio del policía no describía que Diubis lo hubiera atacado ni que su vida hubiera estado amenazada directamente.
El oficial declaró que disparó su pistola Makarov hacia la manifestación después de que otros policías recibieran pedradas y de escuchar provocaciones y amenazas. La legítima defensa aplicada por la Fiscalía terminó funcionando como una licencia de impunidad.
Diubis no fue la única persona alcanzada por las balas en La Güinera. El expediente de la ola de represión también incluyó a Yorlandis Pérez Sánchez y Rubén Pérez Aldana, además de Yoel Misael Fuentes García, que tenía 16 años y fue herido en una pierna. La familia del adolescente denunció que la Policía lo interrogó y presionó durante su hospitalización.
En Cárdenas, Matanzas, la represión dejó al menos otros dos casos documentados. José Carlos Hernández Barrio, de 21 años, recibió un disparo durante la actuación de las fuerzas estatales contra los manifestantes.
Dos días después del estallido, las Boinas Negras persiguieron hasta su vivienda a Daniel Joel Cárdenas Díaz, irrumpieron disparando y lo detuvieron delante de su esposa y sus hijos. Sus familiares informaron de que tenía una herida de ocho centímetros en la cabeza y varias contusiones.
La respuesta del Estado a Daniel Joel no fue investigar por qué agentes armados dispararon contra un hombre dentro de su casa. Fue procesarlo. Un tribunal militar lo condenó a 15 años de privación de libertad. José Carlos Hernández Barrio recibió una condena de 14 años.
La “orden de combate” no terminó cuando se vaciaron las calles. Entró en las casas, en los hospitales, en las estaciones policiales y, finalmente, en los tribunales.
De la redada nacional a la prisión política
Justicia 11J documentó 1.586 personas detenidas por las protestas del 11 y 12 de julio de 2021.
La cifra no significa que todas terminaran condenadas a prisión, pero permite dimensionar una redada de alcance nacional. Cientos fueron sometidas a procesos penales, muchas en juicios colectivos, y recibieron condenas que en algunos casos superaron los veinte años.
El régimen utilizó delitos como sedición, desórdenes públicos, desacato, atentado y sabotaje para transformar una protesta política en una suma de expedientes criminales. La narrativa oficial redujo a “vándalos” o “delincuentes” a ciudadanos que, en numerosos videos, aparecían desarmados, gritando “Libertad” y “Patria y Vida”.
La represión no terminó con las sentencias. Justicia 11J ha documentado en las cárceles golpizas, torturas físicas y psicológicas, celdas de castigo, traslados arbitrarios, desapariciones temporales dentro del sistema penitenciario y negación de atención médica y religiosa. A ello se suman el hacinamiento, la falta de higiene, la mala alimentación y la escasez de agua e insumos básicos.
Tampoco salir de la cárcel ha significado necesariamente recuperar la libertad. En marzo de 2026 fueron excarcelados al menos 21 sancionados por el 11J, pero permanecieron bajo condenas vigentes, vigilancia estatal y condiciones restrictivas. Algunos denunciaron que se les prohibió publicar en redes sociales. Otros fueron citados por exigir la libertad de compañeros que seguían presos.
El caso de Denis Hernández Ramírez revela el funcionamiento de ese mecanismo. Había sido excarcelado, pero regresó a prisión después de publicar denuncias sobre la vigilancia y el acoso de la Seguridad del Estado. Se convirtió en el séptimo manifestante del 11J devuelto a una celda tras una excarcelación condicional iniciada en enero de 2025.
El mensaje es transparente: puedes salir del edificio penitenciario, pero la prisión sale contigo.
Por eso es engañoso hablar simplemente de “liberaciones”. Una salida condicionada, con la sentencia intacta, prohibiciones de viaje, amenazas y posibilidad de reencarcelamiento no es libertad plena. Es una modalidad extramuros del mismo castigo.
La prisión o el destierro
Cuando la cárcel no logra someter a una figura opositora, el régimen ofrece otra puerta: la salida del país.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, detenido cuando intentaba sumarse a las protestas del 11J, terminó aceptando en 2025 el exilio después de años de encarcelamiento, aislamiento y presiones contra su familia.
Desde prisión explicó que tomaba la decisión bajo condiciones extremas y para proteger a su esposa y sus hijos. No fue una emigración ordinaria ni una elección libre entre proyectos de vida. Fue la elección entre continuar en manos de sus carceleros o abandonar su país.
El destierro ha alcanzado también a artistas, periodistas y activistas que emergieron antes, durante y después del 11J. De esa manera, el Estado intenta vaciar el espacio cívico: unos quedan detrás de las rejas; otros son empujados fuera de la isla; quienes permanecen reciben el recordatorio permanente de lo que puede ocurrirles.
La cárcel elimina temporalmente una voz del espacio público. El destierro intenta eliminarla del territorio nacional.
Pero las familias, los antiguos presos y las organizaciones de derechos humanos han impedido que esa operación se complete. Justicia 11J, Cubalex y otras plataformas han puesto nombres, fechas y expedientes donde el Estado pretendía dejar únicamente números y acusaciones penales.
En enero de 2026, más de 1.600 activistas, defensores de derechos humanos y expresos políticos firmaron un llamamiento para exigir la liberación inmediata de los presos políticos.
El Foro Acción por la Amnistía ha ido un paso más allá al proponer que la liberación incluya el borrado de antecedentes y la restitución de derechos civiles y políticos. Esa precisión es fundamental. No basta con abrir las puertas de las cárceles si se conserva sobre cada manifestante una condena susceptible de ser reactivada.
La libertad debe significar libertad: sin vigilancia, sin destierro, sin silencio obligatorio y sin una espada judicial suspendida sobre la cabeza.
De las Boinas Negras a Díaz-Canel: La escalada de sanciones
La primera reacción sancionadora de Washington tras el 11J no comenzó con Donald Trump, sino con la administración de Joe Biden.
El 22 de julio de 2021, once días después de las protestas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó bajo el programa Global Magnitsky al ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, y a la Brigada Especial Nacional del ministerio del Interior (MININT), las llamadas Boinas Negras.
Las designaciones bloquearon los bienes que pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y prohibieron generalmente las transacciones de personas y entidades de Estados Unidos con los sancionados. Biden anunció entonces que se trataba “solo del comienzo”.
El 30 de julio llegó una segunda ronda contra la Policía Nacional Revolucionaria, su director Óscar Alejandro Callejas Valcárcel y su subdirector Eddy Manuel Sierra Arias. Washington atribuyó a la PNR un papel directo en la represión, las detenciones y los abusos cometidos contra manifestantes pacíficos.
En agosto fueron sancionadas las Tropas de Prevención de las FAR, conocidas como Boinas Rojas, y cinco altos mandos del MININT y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). La cuarta ronda, anunciada el 19 de agosto, incluyó a Roberto Legrá Sotolongo, Andrés Laureano González Brito y Abelardo Jiménez González, este último vinculado al sistema penitenciario.
Las medidas se ampliaron en 2022 desde el terreno financiero al migratorio. El Departamento de Estado restringió los visados de ocho funcionarios en enero, cinco más en junio y otros 28 en julio.
Entre los afectados figuraban responsables de juicios, sentencias y encarcelamientos, además de funcionarios del Partido Comunista y del aparato mediático y tecnológico que participó en la censura y la restricción de internet.
En el cuarto aniversario del 11J, ya bajo la nueva administración Trump, el secretario de Estado Marco Rubio anunció restricciones de entrada contra Díaz-Canel, López Miera, el ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas y sus familiares directos.
También se adoptaron medidas contra funcionarios judiciales y penitenciarios relacionados con la detención y el maltrato de manifestantes. Estas fueron fundamentalmente restricciones migratorias, no equivalentes todavía a una designación financiera en la lista de personas bloqueadas.
El salto financiero llegó en 2026. El 7 de mayo, Washington sancionó a GAESA y a Moa Nickel. El 18 de mayo añadió a nueve altos dirigentes y a la Dirección de Inteligencia, conocida como DGI o G2.
El 4 de junio incorporó directamente a la lista de personas bloqueadas a Díaz-Canel, Lis Cuesta, Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis, además del MINFAR, los Comités de Defensa de la Revolución y otras entidades. Fue la primera designación directa de Díaz-Canel y su esposa en la lista financiera de OFAC.
Las sanciones no resucitan a Diubis, no curan las heridas de Daniel Joel y no devuelven por sí solas la libertad a los presos. Pero establecen algo que la justicia cubana se ha negado a establecer: una responsabilidad individual y una cadena institucional.
Su eficacia no debería medirse por el número de comunicados emitidos ni por la extensión de las listas, sino por resultados verificables: presos liberados sin condiciones, fin del hostigamiento a las familias, capacidad de permanecer o regresar a Cuba y recuperación de derechos.
El ultimátum que vencía en abril
La cuestión de los presos entró directamente en las conversaciones entre Washington y La Habana durante la primavera de 2026.
Según una investigación de USA Today, una delegación estadounidense transmitió durante una reunión celebrada en La Habana el 10 de abril un ultimátum reservado: el régimen tendría dos semanas para liberar a presos políticos de alto perfil, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, como señal de buena fe. Ese plazo habría vencido alrededor del 24 de abril.
La Habana confirmó que la reunión se produjo, pero negó que Estados Unidos hubiera establecido plazos, condiciones o planteamientos conminatorios.
La exigencia de liberarlos, sin embargo, ha sido pública y reiterada. Marco Rubio la ha situado entre las prioridades de la política estadounidense hacia Cuba.
Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, visitó San Antonio de los Baños, se reunió con familiares y opositores y transmitió a la madre de Denis Hernández que Trump y Rubio estaban insistiendo en la liberación de todos los presos políticos. La Embajada afirmó que continuaría reclamándola públicamente.
Esa presión es necesaria, pero encierra un riesgo: que los presos terminen convertidos en fichas de una negociación entre dos gobiernos.
Los presos políticos no pertenecen a Washington ni a La Habana. No son una concesión comercial, un gesto diplomático ni una moneda intercambiable por petróleo, inversiones o alivio de sanciones. Son ciudadanos cubanos encarcelados por ejercer derechos que el Estado les niega.
Su liberación debe ser el punto de partida de cualquier conversación, no el premio final de un acuerdo entre élites.
El Cangrejo: Poder sin mandato
En medio de esa presión y de los contactos entre Washington y La Habana ha emergido una figura que resume mejor que muchos discursos la naturaleza del sistema cubano: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias 'El Cangrejo'.
Es nieto de Raúl Castro, coronel del MININT y durante años estuvo vinculado a la seguridad personal de su abuelo. No ocupa un cargo oficial en el Gobierno, no ha sido elegido por los cubanos y no posee mandato representativo alguno.
Sin embargo, aparece ahora como el principal interlocutor informal del régimen ante Estados Unidos y se ofrece para negociar directamente con Donald Trump el futuro de la isla.
La paradoja comienza por su propia presentación. “Nunca me ha interesado la política”, reconoció en su primera entrevista con un medio estadounidense. Acto seguido aseguró que, si la revolución lo necesitaba, daría el paso.
En una democracia, la falta de vocación política y de respaldo electoral alejaría a una persona de las decisiones nacionales. En un sistema dinástico puede ocurrir lo contrario: el parentesco sustituye al voto y la cercanía al núcleo de poder hace innecesario cualquier cargo público.
Su autoridad no procede de una institución transparente ni de una responsabilidad sometida al escrutinio ciudadano. Procede del apellido, de su ascendente sobre el estamento militar y represivo, y del acceso privilegiado a quienes han dirigido Cuba durante más de seis décadas.
El lugar desde el que concedió la entrevista también importa: el antiguo despacho de Raúl Castro. No era un detalle escenográfico inocente, sino una imagen de continuidad. El nieto hablaba desde el espacio del abuelo y se presentaba como alguien capaz de intervenir en asuntos que van desde el suministro de combustible hasta la liberación de presos políticos.
Sobre estos últimos afirmó que Cuba podría excarcelarlos “bajo las condiciones adecuadas”. Añadió, sin embargo, que “la verdad no es absoluta”, una frase que relativiza inmediatamente la aparente oferta y permite al régimen seguir negando la naturaleza política de las condenas.
La formulación es reveladora. Los presos no aparecen como ciudadanos cuyos derechos han sido violados, sino como personas que el poder podría entregar si obtiene algo a cambio. La libertad deja de ser un derecho y se convierte en una ficha de negociación.
El precedente más reciente aconseja desconfiar. El Gobierno anunció en abril un indulto para 2.010 personas, pero las auditorías citadas de Justicia 11J y Prisoners Defenders concluyeron que no incluyó a presos políticos relevantes y que mantuvo el patrón de excarcelaciones selectivas, condicionadas y reversibles.
Ese mecanismo permite al régimen anunciar gestos humanitarios sin reconocer la arbitrariedad de las detenciones, anular las sentencias ni devolver plenamente sus derechos a los sancionados. También conserva sobre los excarcelados la amenaza del regreso a prisión si hablan, protestan o denuncian el hostigamiento.
El perfil personal de El Cangrejo agrava el contraste. Mientras asegura que le duele que muchos cubanos no puedan vivir como él, viste marcas como Hugo Boss y Hermès y, según la información publicada, realizó al menos 23 viajes privados en jet a Panamá entre 2024 y finales de 2025 para hacer compras de lujo.
Durante ese mismo periodo, millones de cubanos sufrían cortes eléctricos, escasez de alimentos, deterioro hospitalario y jornadas de hasta 25 horas sin corriente en extensas zonas del país. Su frase sobre el sufrimiento popular no suena solo a hueca empatía: es también una confesión involuntaria de la distancia que separa a la élite gobernante de la sociedad sobre la que decide.
El muchacho de San Antonio de los Baños que salió a gritar “Libertad” necesitaba un abogado y recibió una patrulla. El nieto de Raúl Castro no ha necesitado un solo voto para acceder a jets, despachos, reuniones de inteligencia y conversaciones sobre el futuro nacional.
Un interlocutor fabricado dentro y fuera de Cuba
Sería insuficiente, sin embargo, presentar a El Cangrejo únicamente como una creación propagandística de La Habana. Su aparición está acompañada por contactos que le conceden un poder efectivo.
El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con él en La Habana el 14 de mayo y le transmitió, según la información publicada, la exigencia estadounidense de introducir “cambios fundamentales”. A mediados de junio, Rodríguez Castro respaldó personalmente un acuerdo con Vanguard Energy para enviar 250.000 barriles de combustible a Cuba, aunque la Casa Blanca terminó bloqueándolo.
Esos episodios muestran que su papel no es meramente decorativo. Un hombre sin cargo público conocido participa en conversaciones de seguridad, negociaciones energéticas y posibles acuerdos sobre presos políticos. Lo hace no porque represente institucionalmente a Cuba, sino porque pertenece al círculo familiar y militar que controla los principales resortes del Estado.
Aquí aparece una contradicción que Washington también debería explicar.
La administración Trump sostiene que el sistema cubano necesita una transformación profunda, ha multiplicado las sanciones, exige la liberación de los presos políticos y rechaza como insuficientes las reformas económicas presentadas por La Habana. Marco Rubio ha afirmado que el sistema difícilmente podrá reformarse si no aparecen nuevas personas o una nueva mentalidad.
Pero un nuevo rostro dentro de la misma familia no constituye una nueva legitimidad.
Si Estados Unidos convierte a 'El Cangrejo' en el interlocutor necesario de cualquier negociación, corre el riesgo de ayudar a consolidar una sucesión diseñada desde arriba.
La apertura económica puede servir para modernizar la administración de la crisis sin democratizar el poder. Cuba podría recibir inversiones, combustible o alivio de determinadas sanciones y continuar negando a sus ciudadanos el derecho a elegir, organizarse y participar en las decisiones públicas.
Según Ricardo Herrero, la presión estadounidense podría haber contribuido a crear a “Raulito” como figura de consenso entre diferentes sectores del Estado cubano. Para una parte de la élite, podría representar una apertura limitada de mercado que garantice la supervivencia del sistema. Para quienes exigen un cambio político, esa operación sería insuficiente.
El problema no es que Washington hable con él. En una negociación suelen intervenir quienes poseen capacidad real para tomar decisiones. El problema aparece cuando ese reconocimiento práctico empieza a confundirse con legitimidad.
El Cangrejo puede tener poder. Lo que no tiene es mandato ciudadano, ni siquiera el que se le supone a las autoridades de la dictadura.
Puede disponer de información, controlar resortes de seguridad y obtener acceso a Washington. Nada de eso le concede el derecho a decidir quién representa a Cuba, qué reformas necesita el país o bajo qué “condiciones” deben ser liberadas personas que nunca debieron estar encarceladas.
El 11J sigue abierto
Ahí se encuentra la contradicción central de este quinto aniversario.
En julio de 2021, miles de ciudadanos sin cargos, apellidos ni privilegios salieron a la calle para intervenir en el futuro de su país. Por actuar como sujetos políticos recibieron golpes, disparos, juicios y condenas.
Cinco años después, un miembro de la familia gobernante puede presentarse desde el despacho de Raúl Castro como negociador de ese futuro sin haber recibido un solo voto.
El régimen considera ilegítimo que un ciudadano grite “Libertad” en una esquina, pero considera natural que un coronel sin cargo representativo decida si los presos políticos pueden ser excarcelados y cuáles serían las condiciones.
Entre la “orden de combate” de Díaz-Canel y la oferta de liberar presos “bajo las condiciones adecuadas” existe una misma concepción del poder: los derechos no pertenecen a los ciudadanos, sino que son concedidos, suspendidos o negociados por la cúpula.
En 2021 esa concepción se expresó mediante policías, tropas especiales y tribunales. En 2026 intenta presentarse con el lenguaje de las reformas, las negociaciones y el pragmatismo económico. Pero su fundamento permanece intacto: el ciudadano debe obedecer; la familia decide.
Las sanciones estadounidenses tampoco deberían evaluarse por la cantidad de personas y entidades incluidas en una lista, sino por resultados verificables. La presión tendría que conducir a la liberación incondicional de los presos, la anulación de sus condenas, el fin del hostigamiento a las familias y el derecho de los desterrados a regresar.
No debería servir para sustituir una negociación opaca entre la vieja cúpula y Washington por otra negociación opaca encabezada por un miembro más joven de la misma familia.
Los presos políticos no pertenecen a Estados Unidos ni al régimen cubano. No son una concesión comercial, un gesto diplomático ni una moneda intercambiable por petróleo, inversiones o alivio de sanciones. Son ciudadanos privados de libertad por ejercer derechos básicos.
Su excarcelación debe ser el punto de partida de cualquier conversación, no el premio final de un acuerdo entre élites.
Cinco años después, la pregunta no es únicamente si el 11J logró debilitar al régimen. Las rebeliones cívicas no se miden solo por el resultado de una jornada. El 11J destruyó una ficción: la de una sociedad inmóvil, resignada y unánimemente representada por quienes gobiernan desde 1959.
Durante aquellas horas, ciudadanos de decenas de ciudades recuperaron la calle y hablaron en nombre propio. El poder respondió encarcelándolos porque comprendió la verdadera amenaza: no eran personas pidiendo únicamente comida, medicinas o electricidad. Eran cubanos reclamando su condición de sujetos políticos.
Por eso, cinco años después, las protestas por los apagones vuelven a desembocar en gritos de libertad. La corriente puede regresar y la consigna permanece. El gobierno puede conectar temporalmente un circuito, repartir alguna mercancía o desplegar policías, pero no puede restaurar con la misma facilidad la obediencia perdida.
Cuba no necesita un heredero más joven, más negociador o mejor vestido. Necesita que quienes fueron encarcelados por hablar recuperen la libertad, que las familias dejen de ser castigadas y que los cubanos puedan decidir quién los representa.
Entre la orden de combate y el heredero sin votos permanece la misma deuda.
El 11J no habrá terminado mientras uno solo de sus manifestantes continúe en prisión.
El 11J no es pasado. El 11J sigue preso.
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